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Durante el tiempo de alquiler de una vivienda, es normal que se produzcan averías o desperfectos tanto en los elementos que acondicionan la vivienda como en los que forman parte de su propia estructura.

En estos casos, suelen surgir dudas sobre quién debe hacerse cargo de las reparaciones, si el inquilino o el propietario, y, en la mayoría de los casos, la respuesta depende de la valoración de las circunstancias del caso, de acuerdo con unos criterios generales que establece la ley y que conviene conocer.

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Cuando se produce una separación matrimonial o un divorcio, o un proceso de nulidad del matrimonio, los cónyuges o el juez deben decidir a qué progenitor corresponderá la custodia de los hijos comunes menores de edad o mayores con discapacidad. El procedimiento es el mismo cuando los progenitores no están casados y no conviven juntos, ya que las obligaciones paternofiliales son independientes del matrimonio.

Entre las opciones de custodia contempladas legalmente, está la custodia compartida, que consiste en el ejercicio conjunto y equitativo de las responsabilidades de guarda.

En esta guía vamos a analizar cómo se determina la custodia compartida, qué criterios se siguen para decidirla y cuáles son sus consecuencias.

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El derecho civil catalán, al igual que el derecho civil común, prevé formas de asistencia entre parientes para garantizar, en la medida de lo posible, que todos los miembros de la familia tengan las necesidades vitales cubiertas.

Con ese objetivo, se establece la pensión de alimentos, por la que se cuantifican económicamente las necesidades de sustento, vivienda y vestido, entre otras, de quien no puede hacer frente a las mismas. Esta figura cobra especial relevancia cuando trata de cubrir las necesidades de los hijos, sobre todo, tras un proceso de separación, divorcio o nulidad matrimonial.

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La legislación civil de Cataluña regula la filiación de forma más exhaustiva que la legislación civil común aplicable a los territorios que no cuentan con legislación propia. Entre los puntos más destacables de la regulación catalana se encuentran un reconocimiento más claro de otras realidades familiares menos tradicionales, la ampliación de los plazos para el reconocimiento y la impugnación y, en general, una regulación más actualizada.

A continuación, vamos a analizar los aspectos más relevantes de la filiación según su regulación en el Código Civil de Cataluña.

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La legislación catalana en materia de divorcio aboga abiertamente por el reparto equitativo de las responsabilidades parentales, salvo que existan razones justificadas para optar por un sistema diferente o los excónyuges lo decidan así de mutuo acuerdo.

Una de las consecuencias de la responsabilidad de los progenitores es el ejercicio de la potestad parental o patria potestad, que puede atribuirse a ambos progenitores conjuntamente, a uno de forma exclusiva o distribuirse por funciones determinadas entre los dos, como vamos a ver en este artículo.

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La patria potestad o potestad parental es un derecho-deber que corresponde a los progenitores con respecto a sus hijos menores no emancipados y a los hijos mayores con discapacidad necesitados de especial apoyo.

Se trata de una responsabilidad inherente a la relación entre padres e hijos y que se atribuye a los progenitores por el mero hecho de serlo, pero estos pueden ser privados de ella si concurren determinadas causas graves contempladas en la ley.

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La potestad parental, como se denomina la institución de la patria potestad en derecho catalán, supone un derecho-deber de los progenitores con respecto a los hijos menores de edad. Aunque presenta importantes similitudes con la regulación en derecho común, el Código Civil de Cataluña regula esta institución de forma más minuciosa y detallada.

En este artículo vamos a ver los aspectos más importantes que deben tenerse en cuenta sobre la potestad parental en Cataluña, como su contenido, su titularidad, sus formas de ejercicio o las formas de extinción.

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En el derecho sucesorio catalán existen instrumentos que permiten ordenar la sucesión de una persona más allá del testamento. Uno de ellos es el heredamiento, una figura propia de la planificación sucesoria pactada y que puede ser especialmente relevante en aquellos casos en los que se quiere dotar de estabilidad a la transmisión del patrimonio familiar, empresarial o profesional.

A diferencia de otras formas de ordenar la sucesión, el heredamiento se caracteriza por su vinculación con los pactos sucesorios, lo que le confiere un régimen jurídico específico y consecuencias importantes tanto durante la vida del heredante como en el momento de apertura de la sucesión.

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La capacidad sucesoria determina quién puede llegar a ser heredero o legatario en una sucesión. En el derecho civil catalán, esta materia cuenta con una regulación propia que no solo establece qué personas tienen capacidad para suceder, sino también en qué casos una persona puede quedar excluida de la herencia por razones legales.

Así, el Código Civil de Cataluña distingue entre la capacidad para suceder, la indignidad sucesoria y la inhabilidad para suceder. Además, regula los efectos derivados de la indignidad o inhabilidad, así como el plazo para hacer valer estas causas de ineficacia sucesoria.

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En España conviven distintas legislaciones civiles, como son la legislación común, aplicable a la mayoría de las comunidades autónomas cuando no existe un derecho propio, y la legislación foral o especial, que se aplica en las comunidades que sí lo tienen.

La sujeción a una u otra depende de la vecindad civil, pero esta circunstancia no es inamovible desde el nacimiento, sino que puede variar, siempre que se cumplan determinados requisitos. 

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